Miles de profesores de enseñanza secundaria van a ver frustradas este año sus expectativas de adquirir una especialidad distinta de la que ya poseen, si, como parece, se consuma la arbitraria decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de no convocar, en el marco de las próximas oposiciones de ingreso al Cuerpo de Profesores de E. Secundaria que se celebrarán a partir del próximo mes de junio, el turno de adquisición de nuevas especialidades.Este turno, que se ha venido incluyendo regularmente en anteriores convocatorias, es un procedimiento que permite a quienes ya son Profesores de dicho Cuerpo optar a la adquisición de otra especialidad distinta a la que ya poseen, superando la prueba de aptitud correspondiente.Se da la paradoja legal de que un profesor que ya lo es no puede concurrir a las oposiciones por el turno libre, a pesar de reunir los requisitos que se exigen a cualquier otro ciudadano, puesto que la ley le impide aspirar al ingreso en un Cuerpo al que ya pertenece, aunque sea por otra asignatura. Por tanto, el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades ahora suprimido era la única vía para los profesores de enseñanza secundaria que, poseyendo los conocimientos y titulación necesarios, desean obtener la cualificación legal para impartir otra asignatura distinta de la que imparten actualmente.Esta situación culmina en una segunda paradoja no menor que la anterior: y es que muchos de estos profesores ya se encuentran en este momento, por necesidades de los Centros y reajustes horarios ajenos a su voluntad, impartiendo en vez de la suya otras asignaturas distintas, precisamente las mismas a cuyas pruebas de aptitud quisieran presentarse para regularizar su situación.. Sólo cabe pensar, pues, que la Consejería de Educación, por cuestiones de mera comodidad y ahorro ínfimo, no ha dudado en suprimir de un plumazo este procedimiento de adquisición de nueva especialidad, en el que tenían sus miras un buen número de profesores, sin que a los responsables de la política educativa les importe un ápice el perjuicio causado precisamente a aquéllos sobre cuyas espaldas descansa el día a día de nuestra realidad docente, y a quienes, por ello, más deberían cuidar.A los sindicatos y demás “actores del proceso educativo” no se les oye una palabra sobre el tema. El asunto parece no importar a nadie, salvo a los que ven lesionados sus derechos.